Las obras para ampliar la red eléctrica se financiarán con capital privado mediante concesiones

El Gobierno nacional estableció que las obras destinadas a expandir la red eléctrica nacional se ejecutarán bajo el régimen de concesión de obra pública y serán financiadas por el sector privado. La medida quedó formalizada a través del Decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, define que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, en el marco de la Ley de Concesión de Obra Pública.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que el esquema elegido permite que los privados se hagan cargo de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, sin comprometer fondos fiscales, al tiempo que se asegura previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica para los proyectos.

Asimismo, remarcaron que el plan apunta a reducir el riesgo de cortes de suministro, fortalecer la red eléctrica nacional y resolver los cuellos de botella estructurales que actualmente limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los principales puntos de consumo. En ese sentido, señalaron que la ampliación del sistema es indispensable para mejorar la confiabilidad, acompañar el crecimiento de la demanda y habilitar el desarrollo de nueva capacidad de generación.

La decisión se inscribe en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y responde a la necesidad de cubrir las inversiones requeridas para garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de transporte eléctrico.

Desde la administración de Javier Milei destacaron que la medida busca normalizar el sector eléctrico, destrabar inversiones postergadas durante años y reforzar un sistema de transporte considerado clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y distintas regiones del país.

El decreto delega en la Secretaría de Energía la ejecución del proceso licitatorio —incluida la aprobación de pliegos, la convocatoria, la evaluación de ofertas y la adjudicación de contratos—, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control del régimen.